"Vamos a ser el hazmerreír de todo el mundo si el Congreso aprueba esa amnistía retaceada y a la criolla", dijo ayer Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

La posición de las organizaciones de la APDH —que anunció el inicio de una huelga de hambre en las afueras del Congreso para presionar por una amnistía "incondicional"— es compartida por el FUT, los trabajadores de la salud, el Consejo Nacional de Servidores Públicos, la UNE, la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Frente Patriótico y, por supuesto, los familiares de los militares detenidos por la asonada del 21 de enero.

Incluso un reconocido jurista de la Capital que pidió mantener en reserva su nombre, indicó que el PSC está impulsando una inconstitucionalidad al tratar de conceder una amnistía parcial.

"La Constitución habla de amnistía general. Que digan los diputados en qué parte de la Constitución se señala que el Congreso puede otorgar una amnistía parcial", señaló el jurista.

Los organismos anunciaron que el lunes 15 iniciarán una serie de medidas en todo el país, encaminadas a una movilización general a realizarse en julio, cuando se anuncia la eliminación de los subsidios.

¿El objetivo? Impugnar la amnistía parcial, si es aprobada, e impulsar sus demandas gremiales relacionadas, sobre todo, con aumentos salariales. Así, los maestros y los servidores públicos paralizarán actividades para exigir mejores sueldos.

Acusaron al alto mando militar y a la Democracia Popular de impulsar esta fórmula mixta de amnistía.

De su lado, Ricardo Ulcuango, vicepresidente de la Conaie, advirtió sobre los riesgos de una amnistía parcial: "Esto provocaría un problema muy serio al interior del pueblo, de las FF.AA. y del gobierno. Si así lo decide el Congreso será el único responsable de lo que pueda pasar en la coyuntura política".

Señaló que la Conaie exige una amnistía absoluta de todos los implicados. "Eso sería un alivio para el país. Pedimos a los señores legisladores que piensen bien", dijo.

Contra dolarización

Por otra parte, desmintió la versión de la agencia Efe que sostenía que la organización estaría dispuesta a aceptar la dolarización de la economía.

"Bajo ningún concepto aceptamos la dolarización, que no es más que una parte de la implementación de políticas neoliberales bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional", afirmó. Añadió que las comunidades indígenas no están aceptando dólares debido a que no conocen la divisa y desconfían de la falsificación.